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Las tribulaciones del clero vasco durante la guerra civil española

En el 150 aniversario de la creación de la Diocesis de Vitoria.

Las tribulaciones del clero vasco durante la guerra civil española


Santiago Martínez Sánchez
Departamento de Historia
Universidad de Navarra

Las guerras –y más las guerras civiles– son fenómenos complejos, nunca monocausales. En su origen, desarrollo y término, una inmensa gama de matices se impone sobre el blanco y negro. Y al revés, el maniqueísmo es una posibilidad más que real, una situación vital que ni tiene salida ni necesidad de dialogar, durante una guerra o para las personas que aún viven mentalmente en una situación de guerra, bien porque se sienten agredidas, bien porque sienten a flor de piel las consecuencias del conflicto.
El tema del clero vasco en la guerra civil española es de una gran complejidad. La propaganda de la época –en las dos zonas del país– quiso hacer creer que era una lucha de buenos contra malos, de Cristo contra el Diablo, del progreso contra la mentira y el atraso en que la Iglesia, los conservadores y los poderosos sometían al país. Aquellos españoles y aquellos vascos creyeron igualmente que defendían el bien contra el mal. No hubo espacio para muchos matices. Por el contrario, el paso del tiempo y, cómo no, el estudio nos ofrecen la distancia y serenidad que les fue imposible tener a una gran parte de nuestros antepasados.
Por lo demás, el análisis de esta espinosa cuestión hace saltar por los aires los sencillos esquemas propagandísticos de la época –los esquemas del bando sublevado, de sus militares, de sus eclesiásticos, de la mitad de España que les apoyaba– sobre la Cruzada contra las fuerzas del infierno, las hordas marxistas, etc. Como ya han señalado muchas otras voces, la guerra civil en el País Vasco fue también un conflicto entre católicos. Es decir, un conflicto por apropiarse de la fe católica como una bandera que pertenecía exclusivamente a su opción en lucha, el nacionalismo españolista o el nacionalismo vasquista.
Pretendo dar unas pautas generales acerca de los problemas relacionados con esta cuestión. Con todo, se trata de un tema que aún no tiene un estudio definitivo, pues las fuentes archivísticas se hallan cerradas, extraviadas o son fragmentarias. Sin duda, sería deseable un acceso franco a esos archivos para aclarar, desechar y precisar mejor los aspectos aún en liza sobre este asunto.

1. Don Mateo Múgica, un obispo caído en desgracia

Al hablar del clero parece conveniente empezar por el obispo de la diócesis, Mateo Múgica Urrestarazu. Fue una figura de notable relieve, que gobernó la única diócesis que entonces englobaba al País Vasco entre 1928 y 1936. Ese año cumplió los 66 .
Mateo Múgica fue uno de los eclesiásticos más destacados en la historia vasca y española de los años treinta del siglo XX. Quizá sea osado trasladar al mundo clerical el lenguaje futbolístico, y hablar así de una primera y una segunda división de protagonistas eclesiásticos. Pero, si se permite el símil, junto con Marcelino Olaechea o Leopoldo Eijo Garay, Múgica podría figurar a la cabeza de un grupo de prelados de segunda división en esos años treinta. La selecta primera división la formarían tres cardenales: Francesc Vidal i Barraquer (arzobispo de Tarragona), Pedro Segura e Isidro Gomá (ambos arzobispos de Toledo y Segura luego de Sevilla); y, por supuesto, Federico Tedeschini, el nuncio de la Santa Sede en España durante esos años, y Ángel Herrera, entonces todavía seglar y el organizador de la Acción Católica española entre 1933 y 1936.
En cualquier caso, estamos ante una figura de notable relieve, envuelta en el contexto político-religioso del País Vasco durante esa década, en la que nació y murió la II República. Contexto que debe verse –además– dentro de la historia general de la España republicana y de la España franquista entre 1936 y 1939.
El protagonismo de don Mateo fue, habría que decir, muy a su pesar. No amaba figurar en los titulares de la prensa y de una radio que por entonces daba sus primeros pasos en el país. No le gustaba estar en boca de todos, envuelto en controversias. Y polémicas fueron las que ocasionaron sus exilios en 1931 y en 1936, al inicio de la República y de la guerra civil, respectivamente. Polémicas que son importantes porque sintetizan y revelan –para su contemporáneos y para los espectadores actuales– quién fue Mateo Múgica.
Desde luego, sobre don Mateo se ha dicho mucho. Que era integrista, término que no le hace justicia y etiqueta que basta para descalificarle sin necesidad de precisar mucho más ni demostrar en qué consistió su integrismo, más allá de algunos tópicos manidos. Que era un antirrepublicano feroz por su tajante monarquismo. Que era un antifranquista, por ser nacionalista vasco. Pero éstas (monárquico y nacionalista vasco) son las definiciones de quienes se impusieron sobre Múgica y no necesariamente realidades tan rotundas o, al menos, no necesariamente toda y la única verdad sobre quién fue Mateo Múgica. Además, estas definiciones tan esquemáticas –integrista; monárquico y antirrepublicano; nacionalista vasco y antifranquista– apuntan a su actitud política como la clave para comprenderle: para comprender su personalidad, su pensamiento, su actitud. Por eso, estas perspectivas desembocan en considerarle como un entrometido: hacía política cuando su misión era hacer religión.
Este perfil, a mi juicio, es un retrato distorsionado. Semejante visión puede con facilidad conducirnos al maniqueísmo. De una parte, el poder político dominante, que le vio, percibió y comprendió exclusiva o principalmente como un eclesiástico político; más aún, como un agitador cuya conducta política chocaba con la nueva realidad social del país en 1931, o con los nuevos aires de fuerza que recorrían la Península en el verano del 36. Frente a esta visión, la del propio Múgica: su autocomprensión era haber escogido libremente el sacerdocio y después haber sido ordenado obispo. Se veía como un obispo, no como un político. Lo que decía o lo que hacía no era política, pensaba. De ahí que, cuando las circunstancias reclamaban actuar, se limitó estrictamente a pastorear a los católicos.
Frente a la opinión pública y el poder de una parte, y de otra lo que el interesado pensaba, la misión del historiador es tratar de comprender y distinguir con cuidado la tenue distancia que en aquel tiempo mediaba entre política y religión, que complica aclarar la naturaleza de su actuación.
Mateo Múgica había nacido en 1870 en Idiazábal, Guipúzcoa. Fue el tercero y último hijo del primer matrimonio de su padre, antes de enviudar. Mateo tuvo cuatro hermanastros, fruto de un segundo enlace de su padre. José Domingo Múgica, que así se llamaba, era el secretario del Ayuntamiento de Idiazábal. Dos años después, la familia se trasladó a la cercana villa de Beasain, al ser nombrado el padre secretario del ayuntamiento . La vida del joven Mateo se iba a vincular desde su adolescencia con Vitoria. Allí marchó con 15 años a incorporarse al seminario. Allí se ordenó sacerdote con 23. Y, tras dos años en la parroquia de Usurbil, a Vitoria volvió para dar clase a los seminaristas: de latín, de retórica, de ética; y de Sagrada Escritura a partir del curso 1903-1904, en que ganó la oposición de canónigo lectoral en la catedral de Vitoria. Sus muchos otros cargos culminaron en 1917 con su nombramiento como secretario de Cámara y gobierno de la diócesis.
Miguel Maura, ministro de Gobernación que firmó la orden de expulsión en 1931, le tenía por hombre «enérgico y tenaz, impulsivo en extremo y de espíritu intransigente». En eso también coincide Alberto de Onaindía: «Tenía yo experiencia de años pasados y aún recientes de algunas semanas, y sabía que nuestro obispo se dejaba llevar en algunas ocasiones de fuertes emociones, para luego calmarse al cabo de algunos días». El cinismo cortante y satisfecho de Azaña le definía de otro modo: «Es un hombrecillo de aire rústico, simple y parlanchín. Prontamente familiar. Me hace muchas cortesías porque he consentido recibirle... me cuesta trabajo creer que este hombrecillo sea peligroso, a pesar del fanatismo vasco». Y mons. Beitia, obispo de Santander, resumía su retrato en cuatro palabras: «Sencillo y austero, accesible y afable» .
Era Múgica un vasco de empuje, a quien Alfonso XIII propuso a Roma, en 1917, como obispo de El Burgo de Osma. A Vitoria regresaría como obispo en 1928, al cabo de diez años. Fue aquel decenio un tiempo de aprendizaje episcopal en la sede castellana y, desde 1924, en Pamplona.
En esos diez años, su actividad fue similar a la de cualquier otro obispo. Iba de visita pastoral, exhortaba a rezar el Rosario, a tener devoción eucarística, a ir a las misiones populares, etc.; o informaba a sus diocesanos de lo más relevante de su actividad, como sus visitas ad limina o noticias sobre sus peregrinaciones a Roma; o salía al paso de problemas variados: un sacerdote al que suspendía a divinis por abandono de su coadjutoría (1921), o un semanario republicano (La Idea), cuya lectura prohibió en 1919 a los católicos bajo pena de pecado mortal .
El topetazo con el semanario La Idea y las protestas de algunos monárquicos bilbaínos en 1923 contra la posible candidatura de Múgica para la sede vacante de Vitoria fueron un temprano preanuncio de los problemas futuros que aguardaban al obispo en la siguiente década, en los años 30. Los monárquicos alfonsinos denunciaron su nacionalismo vasco, sobre la base de la amplia labor divulgativa de literatura en euskera que Múgica había realizado años atrás en Vitoria. De modo que ser nacionalista vasco y ser antirrepublicano pasaron a ser dos peligrosos sambenitos que le acompañarían en adelante. Pero nada tenía que temer, pues el valimiento de un rey que le propuso en 1927 como nuevo obispo de Vitoria allanaba de momento los obstáculos.
El obispo no ocultó su simpatía por la monarquía y por Alfonso XIII, de quien alabó su vida católica, la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, su visita al Papa en 1923, etc. Y a quien defendió inequívocamente cuando el monarca se quedaba sólo en 1930. Entonces, en septiembre de aquel año, le invitó a la apertura solemne del nuevo seminario diocesano. Y, sofocada la sublevación de Jaca en diciembre del mismo año 30, don Mateo habló a sus seminaristas «de la necesidad extrema en que nos hallábamos de pedir con importantes ruegos al Señor la continuación de la monarquía, porque en España la República había sido y sería manantial inagotable de toda clase de maldades» .
Por eso, con la monarquía cayó también su principal escudo. Para Múgica, el ascenso al poder de los republicanos en 1931 y de los españolistas en 1936 tuvo mucho de vendetta, de ajuste de cuentas pendientes. Internado en Francia en mayo de 1931, volvió a Madrid en mayo de 1932, para instalarse en Bujedo (Burgos). Sólo en abril de 1933 se reintegró a su diócesis. Al final, el politicismo de don Mateo fue un asunto más bien relativo, tanto para la República como para la Santa Sede pues, a diferencia del cardenal Segura, no se le hizo renunciar a la diócesis vasca. La República no se enconó contra él.
Entre 1931 y 1936, las cuestiones políticas no fueron ajenas a su magisterio. A los católicos pidió unidad de acción. Al clero, que no asistiese a mítines o conferencias políticas, que no participase en las contiendas políticas en uno u otro partido, que no se tocasen himnos de partidos en los templos, ni que hubiese allí banderas de partido político en los actos de culto comunes . Y a los seminaristas, lo mismo:

«No debéis, no podéis ocuparos de política partidista. Aunque más de una vez se os ha hecho ver la necesidad de que los sacerdotes no hagan política partidista, los ecos que de mi Diócesis llegan a mí, ecos de voces encontradas y violentas, me obligan a volver de nuevo sobre tan importante y trascendental asunto. La política partidista, amadísimos seminaristas, divide: la santidad une, atrae, domina: la política partidista hace repulsivo y odioso al sacerdote para los que actúan en el sector contrario: no son los sacerdotes políticos los que salvan a los pueblos, sino los santos, como han sido y serán los santos y no los políticos quienes han salvado y salvarán las naciones y el mundo» .

Con todo, estas peticiones no se imprimieron en el imaginario del mundo conservador españolista. Más bien, del obispo Múgica se recordó su respaldo al proyecto de estatuto vasco-navarro en 1932 y su visto bueno a la decisión del PNV de no aliarse con otras formaciones conservadoras en las elecciones de febrero del 36. La extremada politización del tiempo republicano llevó a que, a las puertas de la guerra civil, la conducta de don Mateo fuese interpretada, ante todo, en clave política.
El triunfo de la sublevación militar en Álava y la aceptación del PNV navarro del Alzamiento dividió en dos bloques Euskadi. Ni la pastoral del 6 de agosto de los obispos Múgica y Olaechea pidiendo la rendición de los nacionalistas, ni los donativos para las fuerzas militares, ni nada, persuadieron a los sublevados de su inocencia. Ante el fracaso práctico de la pastoral, la Junta de Defensa Nacional, agobiada por las complicaciones militares, le reclamó «medidas convenientes para reducir a los nacionalistas», en una fecha indeterminada de agosto del 36. Debían de ser penas canónicas, evidentemente: que les excomulgase, por ejemplo. Su negativa confirmó la creencia de los militares de estar ante un nacionalista irreductible, que defendía a sus correligionarios escudado en su condición episcopal y que debía recibir un castigo ejemplar, antes que nadie. En realidad, Mateo Múgica no quiso conceder la colaboración ciega y total que se le exigió. Su firmeza le condujo a su expulsión y a quedar convertido en una suerte de icono antifranquista.
Los militares le exigieron en septiembre del 36 marchar de Vitoria y de España y le amenazaron con represalias por su falta de colaboracionismo. El temor hizo ceder al Vaticano y el 14 de octubre del 36 Múgica salió de Vitoria para sólo regresar en 1947, ya como obispo dimisionario de Vitoria y sin ninguna vida pública. La expulsión obedeció al deseo de los sublevados de contar con manos libres para depurar expeditivamente al clero vasco tenido por nacionalista.
En cualquier caso, su presencia o ausencia poco importó para que en Vizcaya y Guipúzcoa los revolucionarios anticlericales hiciesen su particular criba del clero desde julio del 36 hasta mayo del 37.

2. Los ataques al clero vasco

Cada dos años (antes de la guerra civil), la diócesis de Vitoria editaba una Guía diocesana, con datos muy precisos sobre su organización eclesiástica. Aportaba una detalladísima información sobre cada sacerdote: como las fechas y lugar de nacimiento, ordenación y último encargo ministerial. En concreto, las de los años 1935, 1940, 1943 y 1947 son unas joyas cuyas completísimas y muy cuidadas estadísticas ayudan precisar algunas cuestiones.
En concreto, por la de 1935 –y también por las cifras de ordenaciones y defunciones aparecidas en el Boletín de la diócesis en ese año y el siguiente– podemos saber que Vitoria tenía en el momento de empezar la guerra 2.126 sacerdotes, de los que 63 eran extradiocesanos y otros 35 estaban en América o en ciudades españolas. Si los restamos, nos quedan 2.028. Cifra casi coincidente con los 2.020 sacerdotes de los que habla Mateo Múgica en sus Imperativos de conciencia.
Estos otros datos en las dos siguientes tablas nos ilustran sobre las dimensiones geográficas y la organización eclesiástica de la diócesis, en 1936:

Tabla 1


Provincia

nº arciprestazgos

nº parroquias

Superficie
Población 1930,
datos Instituto
Nacional Estadística

Población IV.1936,
datos Boletín Eclesiástico


Álava

15
366
3.9037 km2
104.156 102.198

Vizcaya

13
197
2.217 km2
485.205 488.275

Guipúzcoa

8
154
1.980 km2 302.329 308.875

Total

36
717 7.234 kms2
891.783

899.348

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE y del Boletín de Vitoria


Tabla 2


Provincia

Parroquia por habitante

Sacerdote diocesano por habitante
Álava 278
Vizcaya 2.000
Guipúzcoa 2.477

Media
1.255
1 x 443 habitantes
Fuente: elaboración propia

Eran (y son) las tres provincias vascas las de menor superficie nacional, pero (entonces) eran las mejor surtidas de sacerdotes. Como se ve, la cercanía física (y cabría decir también que emocional) entre los clérigos y el pueblo era notable. Y lo mismo sobre la práctica religiosa y la sintonía entre el PNV y un sector del clero vasco, sin que sea nuestro objetivo precisar más este extremo. Pero, como también se puso en evidencia con los sucesos de la guerra, en aquel oasis existían algunos núcleos fuertemente anticlericales que pasaron a la acción cuando la guerra comenzó.
Entre julio de 1936 y junio de 1937 fueron asesinados 59 eclesiásticos en la Euskadi republicana. Se trata del 2.9% del total. Sin duda, una proporción mucho más pequeña que la de otras diócesis españolas: andaluzas (Jaén, Guadix, Almería), castellanas (Toledo o Madrid) y levantinas.
En el País Vasco, gran parte de estos eclesiásticos fueron asesinados en las sacas de presos de los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi (en septiembre y octubre de 1936). Y, el 4 enero 1937, tras un bombardeo sobre Bilbao, en otro fusilamiento colectivo de presos de las prisiones de Los Ángeles Custodios, Larrínaga, la Galera y El Carmelo. En la siguiente tabla se muestran esos datos relativos a la represión del clero en la zona republicana.

Tabla 3

Sacerdotes diocesanos
Sacerdotes de otras diócesis

Religiosos
Religiosos de otras regiones
En prisión

En retaguardia


40

5
9 5 37 22

Subtotal

45 14

Total
59
Fuente: Joseba M. Goñi Galarraga (1989)

En cuanto a las fechas en las que se produjeron los veintidós asesinatos en la retaguardia republicana (uno a uno, digamos), el siguiente gráfico muestra que éstos se concentran al principio y al final de la guerra en el País Vasco: el verano del 36 y la primavera del 37 :

Por desgracia, no fueron los únicos eclesiásticos en ser asesinados. También se encontraron con un paredón de fusilamiento otros 14 sacerdotes de la diócesis, todos en el otoño de 1936 y otro en mayo, en la ofensiva militar sobre Vizcaya. Ahora, acusados por los sublevados de ser nacionalistas vascos. Su asesinato se produjo en Hernani y en Oyarzun, en las proximidades de San Sebastián, después de haber sido “liberados” de la cárcel de Ondarreta, sin juicio de ningún tipo.


Así pues, los contendientes en la guerra, prácticamente desde sus mismos inicios, condenaron a muerte en Euskadi al mismo público sacerdotal. Unos, los revolucionarios, por el simple hecho de ser sacerdotes. Por su parte, al asesinar igualmente a clérigos los contrarrevolucionarios demostraron así la prioridad patriótica y no religiosa de la “cruzada” en la que estaban inmersos.
En ambos casos –republicanos o sublevados– su anticlericalismo tuvo límites. La clerofobia de los primeros pudo –más o menos– ser refrenada por la protección que el gobierno autónomo del PNV brindaba a la Iglesia en el País Vasco. Los asesinatos en zona nacional, que coincidieron con el anuncio de la marcha del obispo Múgica, se pararon gracias a la intercesión del arzobispo y cardenal Gomá. Advertido, Gomá tomó cartas en el asunto y en su entrevista con Franco a finales de octubre del 36, éste le prometió detener futuras ejecuciones. Pero el general no le prometió detener el castigo al clero nacionalista cuando llegase el momento, esto es, al conquistarse militarmente todo el País Vasco.
Quiero extenderme sobre este particular: sobre las razones que “justificaban” castigar al clero.
Por parte de los republicanos, en primer lugar. Es conocido que en toda España y también en el País Vasco (en menor intensidad aquí) la represión contra la Iglesia fue anterior a cualquier pronunciamiento realizado por la jerarquía eclesiástica. Los primeros de los casi 7.000 eclesiásticos en ser asesinados lo fueron desde el 18 de julio y lo mismo los incendios de iglesias. Durante mucho tiempo se afirmó una única razón de orden religioso para explicar esta conducta: fue una persecución pura y dura. Desde la década de 1970 se pasó a un análisis político, según el cual, en un conflicto de clase, la Iglesia y su clero formaba parte de la oligarquía dominante que había que eliminar. En las últimas décadas, el anticlericalismo se explica en clave antropológica. Quienes quemaron templos y eliminaron eclesiásticos lo hicieron y entendieron –en realidad– como una purificación de la Iglesia, corrompida por sus servidores; o como quien deseaba prescindir de un rival para construir un proyecto anarquista o marxista de redención social. Además, como se ha sostenido con acierto, ese anticlericalismo tenía entonces un largo recorrido, surgidos sus primeros brotes en 1834. En el momento actual, la tendencia historiográfica minusvalora el elemento religioso, el odio a la fe (odium fidei) y potencia el cultural. A mi juicio, en este fenómeno están presentes razones religiosas, políticas y antropológicas y, para todo el fenómeno en su conjunto, es difícil disociarlas o establecer una que sea prevalente, hegemónica.
Por parte de los sublevados, en segundo lugar. Como en el caso anterior, el recelo contra la Iglesia, vasca en este caso, venía de antiguo. El conservadurismo españolista percibió de forma creciente a lo largo del primer tercio del siglo XX las simpatías entre el PNV y una parte significativa del clero vasco. Durante los años republicanos cobró fuerza la acusación contra el seminario de Vitoria de ser “un batzoki y un nido de nacionalistas”, o «“una escuela de nacionalismo”», como escribió a Gomá en el primer mes de la guerra el general Dávila . Y, también, la acusación contra Múgica de no meter en cintura al clero nacionalista, y de darles responsabilidades diocesanas. Empezada la guerra, a lo anterior se añadió que el PNV no se sumó al golpe de Estado ni se avino a pactar con los militares en las semanas posteriores, creando así un frente que debilitó el ataque contra Madrid y prolongó la guerra. La formación de un nuevo gobierno republicano en septiembre, la concesión en octubre del estatuto vasco y la estabilización en noviembre del frente de Madrid, con su imposible conquista, añadieron nuevos agravios en la lista de reproches a un nacionalismo vasco que –para el españolismo– tuvo un culpable moral: el clero nacionalista.
Los primeros en mover ficha fueron los carlistas: tan pronto como el 22 de agosto enviaron a Múgica listas de sacerdotes tenidos por nacionalistas, para que les castigara o, en caso contrario, le amenazaron con que intervendría la autoridad militar. Según este plan, era la misma autoridad eclesiástica quien debía castigar al clero (que estaba siendo apresado en la ofensiva en curso sobre Guipuzcoa). Como Múgica se negó a hacerlo sin unas pruebas que los carlistas no le presentaron, se renunció a ese camino . Y, a comienzos de septiembre, el general Dávila exigió a Gomá que el Vaticano le removiera, una decisión que aún se demoró mes y medio.
Pero, ¿cuál debía ser el castigo al clero? ¿y quién debía castigarles? Arroja luz sobre este asunto la correspondencia entre Manuel Fal Conde –líder de los carlistas– y el cardenal Segura, exiliado en Roma pero entonces en el sur de Francia, quien en 1939 presionaría al Gobierno de Franco para que en Sevilla los sacerdotes vascos presos en Carmona pudieran ejercer su oficio sacerdotal en la diócesis. Fal Conde y el cardenal se carteaban desde 1930, pero nos interesan ahora las cartas que se cruzaron del 10 al 20 de septiembre de 1936, sobre esta pregunta: ¿qué castigo merece el clero nacionalista vasco? Para Fal había que proceder del siguiente modo:

«Yo estoy en esta actitud:
»Todos aquellos que estén incursos en el bando militar deben ser fusilados pero por consejo de guerra. Porque en los militares la tendencia es más bien la de eliminarles sin juicio ni publicidad.
»Y, pienso también, que aun aquellos en quienes no se pruebe participación activa, pero que sean de la docena de exaltados, antiguos forjadores de la indisciplina separatista[,] si es solamente el indicio de que habían estado alentando esto[,] también deben caer» .

Fal proseguía diciendo que ese permiso no debía darlo Múgica, sino el obispo de Pamplona (el vizcaíno Marcelino Olaechea) y que éste debería concederlo automáticamente. Era una postura radical que se basaba en la idea equivocada pero tentadora de aprovechar la guerra para resolver de una vez por todas la disputa en torno al nacionalismo separatista, doblegándolo y aniquilándolo. Fal proponía juzgarles sumariamente y fusilarles, una suerte de regulación jurídica distinta del simple aquí te cojo, aquí te mato. Pero es difícil de imaginar que un obispo como Olaechea se plegase blandamente, mecánicamente, al sueño carlista de fusilar al clero incurso en el bando de guerra, por obstrucción al Alzamiento.
En fin, como Fal quería proponer a la Junta de Defensa Nacional de Burgos su proyecto lo antes posible, acababa así su carta a Segura: «Por eso con esta urgencia formulo esta consulta: ¿voy bien? Mi punto de apoyo es éste: los comunistas defienden un estado de cosas dentro de la Patria; los nacionalistas atentan en cambio contra la Patria; luego es más grave su delito» .
La respuesta del cardenal del día siguiente, 11 de septiembre de 1936, no llevaba firma y, en esencia, decía esto:

«Con la condición de que se comunique al O. [Obispo] de Pª [Pamplona] la cosa en la forma que V. propone, creo que nada obsta a que se cumpla la ley, para los que en ella han incurrido. Es triste, pero… es verdad.
»Esta es la doctrina que se aplica a los delitos gravísimos de derecho común.
»Yo aconsejaría que se hable poco de esto y que se proceda en justicia. En la comunicación a la autoridad ecca [eclesiástica] hágase bien notar la imposibilidad de esperar, pues la cosa es urgentísima por pedirlo el bien de la Patria, y se insista en que se hace en cumplimiento de un deber de conciencia.
»Hubiera querido poder aducir la doctrina más explicada en materia tan importante: mas no tengo tiempo material.
»Sabe que le encomiendo y le bendigo» .

La creencia en que la unidad de la Patria formaba poco menos que parte del credo católico conducía a Segura a tan tajantes palabras, que Fal le agradeció el día 18:

«Muy amado Padre: […]. No veo lanzadas a las autoridades en ese asunto y lo que haré según me aconsejó V… es proceder cuanto de mi dependa –contando con que no flaqueen también los míos– y entonces haré que la autoridad proceda como me aconseja con tanta precisión como claridad» .

No traigo aquí estos textos para imputar sobre ellos dos la responsabilidad de los fusilamientos de clérigos acusados de ser nacionalistas. Asesinatos ocurridos a partir del 8 de octubre siguiente. Lo hago para ejemplificar hasta qué punto el extremismo ideológico y las circunstancias de la guerra hicieron que algunos católicos españoles antepusieran la defensa de la Patria a la del clero –y, podría decirse, a la de la Iglesia–, como si aquellos fueran unos hijos descarriados pero nunca pródigos. Y así, igual que el ajusticiamiento tuvo una lógica comprensible entre los anticlericales revolucionarios, también la tuvo por parte de católicos fervorosos. Sin embargo, otros eclesiásticos, como el cardenal Gomá o el mismo Múgica, fueron contrarios a esa solución terminante. Gomá lo expuso a Franco nada más conocer la noticia. Múgica, por su parte, en el último Boletín eclesiástico de la diócesis que pudo supervisar, el del 15 de octubre de 1936, ordenó que figurase una lista de sacerdotes difuntos, unos por muerte natural, otros asesinados por los republicanos y dos por los militares (Martín Lecuona y Gervasio Albizu) que habían sido los primeros en caer . Eso sí, sin especificar en ningún caso la causa de la muerte, revolucionaria o militar. Sobre los restantes doce sacerdotes asesinados por los franquistas se corrió un velo de silencio en los medios eclesiásticos oficiales vascos durante mucho tiempo.

3. La vida del clero vasco hasta la toma de Bilbao el 19 junio 1937

La presión militar obligó a Múgica a cambiar al vicario general de la diócesis: Antonio María Pérez Ormazábal reemplazó a Jaime Berastegui, gestionando la diócesis durante un año (hasta octubre de 1937), sin contentar ni a los sublevados ni al propio clero que debía defender.
Gracias a la gestión de Gomá, se detuvo el asesinato como forma de depuración, pero no la hostilidad contra un considerable sector del clero vasco, que vivió desde entonces en la precariedad y la incertidumbre. Los sublevados, en su avance sobre Guipúzcoa y luego sobre Vizcaya en la primavera del 37, apresaban sacerdotes que instalaban en la planta alta del seminario de Vitoria, o les prohibían residir en su villa o pueblo, obligándoles a un vagar incierto.
Con Ormazábal se puso en marcha una segunda modalidad depurativa con la que el cardenal Gomá estaba más de acuerdo: el destierro. Múgica se había negado a castigar sin pruebas y el nuevo vicario mantuvo este criterio. Así que éste anunció a los curas la posibilidad de marchar voluntarios a otras diócesis, con una circular del 28 de octubre de 1936 inserta en el Boletín eclesiástico. Quería adelantarse a las presiones de los militares y ofrecer una cobertura pudorosa a los sacerdotes cuyo nacionalismo deseaban castigar los sublevados. Pero marcharse era tanto como reconocer algún tipo de culpabilidad o de miedo. Y, tal vez por eso, dos semanas después –cuando ya se conocían los asesinatos de sacerdotes por los franquistas–, había solo 11 voluntarios .
Bajo esas circunstancias, el vicario Ormazábal sugirió al gobernador de Álava a finales de noviembre del 36 que fuesen tribunales eclesiásticos y no militares quienes juzgasen si esos sacerdotes eran simpatizantes, moderados o exaltados. A los simpatizantes –continuaba– la pena sería una declaración pública de adhesión al Movimiento y «de franco españolismo». Si eran moderados, la misma declaración y traslado dentro de la diócesis. Si resultaban ser exaltados, irían entonces destinados uno o dos años a diócesis españolas del centro y sur . La clasificación tuvo cierta fortuna pero ni los tribunales eclesiásticos ni las penas propuestas fueron aceptadas.
Más aún, en enero del 37, el Gobernador militar de Guipúzcoa, Alfonso Velarde, envió al vicario una relación de 200 sacerdotes –el 10% del total del clero secular de la diócesis– para que los castigara y se evitasen en el futuro «sus actuaciones y predicaciones tan criminales para la Patria» . Ormazábal, siguiendo la línea de Múgica y con la aprobación de Gomá , pidió pruebas . Velarde, cansado de las dilaciones, le exigió que, al menos, alejase urgentemente de la diócesis a once de esos curas. Y Ormazábal cedió: el 15 de febrero escribió a todos ellos que en el plazo de tres días se “recogieran” en el seminario o abandonaran la diócesis .
En total, según sabemos por la información enviada después a Roma por Antoniutti, casi cincuenta sacerdotes fueron desterrados del País Vasco antes del verano de ese año. Según Antoniutti, muchos lo fueron por “vendetta personale”. Y aclaró que “nessuno vuol partire”, por su arraigo entre unas gentes buenas, “ma anche per la questione financiaria”. Pérez Ormazábal, en febrero de 1937, había enviado cartas a algunos obispos españoles rogando que acogiesen sacerdotes vascos y prometiendo correr con los gastos de su sostenimiento y manutención. En concreto, la respuesta del cardenal de Sevilla, el navarro Eustaquio Ilundain, fue negativa. No quería curas nacionalistas en su diócesis .

4. Desde el verano de 1937 en adelante

La situación del clero se complicó a lo largo de la primavera del 37 con la toma de Vizcaya y, finalmente de Bilbao. Más sacerdotes fueron capturados e internados en varias cárceles en Bilbao. Justamente en ese verano del 37, esta situación aconsejó al Vaticano el envío de un representante a España. El elegido, Ildebrando Antoniutti, fue mal recibido por los sublevados, se instaló en Bilbao y luego en San Sebastián y, al abrigo de gestionar la repatriación de los niños vascos evacuados a Inglaterra, Francia, Rusia, Bélgica… tuvo como misión principal asistir al clero detenido y enjuiciado en esas fechas.
Porque la Auditoria de Guerra del Ejército de ocupación comenzó a actuar nada más caer Bilbao el 19 de junio. Primero enviando nuevos oficios militares a Ormazábal exigiéndole la salida del País Vasco de sacerdotes… contra los que no había cargos “de gravedad punible”, pero que eran igualmente culpables. Las seis listas remitidas a lo largo del verano incluían 66 nombres. Y, en segundo lugar, porque comenzaron los juicios a los sacerdotes, el primero de los cuales, el 16 de julio, fue anunciado abiertamente en la prensa y en la radio.
La prensa adicta al Movimiento –toda ella, habría que decir– les señalaba como los culpables de la prolongación de la guerra y de los sufrimientos, y exigía penas contundentes. El ambiente público contra el clero era muy hostil. Por ejemplo, en Bilbao se celebró un acto religioso el 15 agosto, para devolver las joyas a la Virgen de Begoña. Los discursos del sacerdote Julián Landazábal y del nuevo alcalde de Bilbao, José María de Areilza, condenaron con palabras ardientes la conducta nacionalista de ciertos católicos y sacerdotes. En el informe de Antoniutti sobre el particular, dijo que habían sido «infelici discorsi con cenni violenti contro il clero basco ed i cattolici separatisti. Alla fine della cerimonia, prima di impartire la benedizione, ho creduto opportuno di spiegare subito, in termini calmi e pastorali, il significato profondamente religioso del rito, e implorando per tutti la pace di Cristo» .
Además, Antoniuitti informaba al Vaticano de que en la prensa aparecían noticias denunciando la actividad política del clero durante los meses del Gobierno Vasco. Así, por ejemplo, algunos prisioneros de los italianos manifestaron haberse enrolado por orden del párroco, y seguir luchando porque el capellán les incitaba; en S. Sebastián un cura argumentaba sutilmente que podía decir en la Misa “viva Rusia”; en la manifestación del 1º de mayo participó otro cura; algunos no daban la absolución si no prometían enrolarse como gudaris; otros habían denunciado a curas tradicionalistas, o dos sacerdotes prisioneros dijeron que querían morir por su Patria antes que vivir servilmente bajo los nacionales: «Questi sono alcuni episodi, indice di uno stato d’animo particolarmente eccitato», concluyó Antoniutti . No era precisamente el ambiente más calmado para encarar un juicio.
El propio Antoniutti, que había recomendado el 5 de agosto al gobernador militar de Bilbao (el general Serrano) fomentar un clima de reconciliación para obtener la simpatía del pueblo vasco, se topó con su negativa cerrada a aplicar una doble vara de medir, una para el clero y otra para los civiles, «quando l’uno e gli altri sono rei delle stesse colpe»; en todo caso, el militar aceptó algunos gestos aislados de buena voluntad, como liberar a petición de Antoniutti a Ramón Galbarriatu, arcipreste de Bilbao y firmante de una declaración colectiva de clérigos vascos contra los bombardeos sobre Guernica y Durango que se había enviado a la Santa Sede en mayo del 37.
Ante esas circunstancias, Antoniutti sugirió nombrar un administrador apostólico para gobernar la diócesis y proteger al clero. Propuso a alguien a quien los militares no rechazasen: a Javier Lauzurica, de “sentimientos nacionales”. Ante el ambiente agresivo del momento, una candidatura que no fuese lo bastante españolista debió parecerle inviable a Antoniutti, porque las autoridades no aceptarían la designación de nadie que recordase a Múgica –al que detestaban, injustamente– y la diócesis continuaría en la misma situación de desgobierno perjudicial desde todos los puntos de vista, también para una defensa eclesiástica eficaz del clero nacionalista.
Pero, a medio y largo plazo, había una contrapartida más peligrosa todavía que las ventajas derivadas del apoyo de los franquistas, pues los sentimientos nacionales de Lauzurica podían distanciarle de los curas a quienes debía amparar y de la parte de sus fieles vinculada afectiva o ideológicamente al nacionalismo vasco. Lauzurica no logró el punto de equilibrio necesario. Claro está que no debió faltarle buena voluntad y que su labor la dificultaba el apasionamiento del momento en aquella tierra tan convulsionada. Pero la apuesta de Antoniutti para pacificar y reconciliar la diócesis no resultó demasiado solvente, si es que había alguna posibilidad de serlo a la vista de la crispación ambiental.
Quiero detenerme en una cuestión elemental y muy importante. ¿Qué delitos habían cometido los sacerdotes acusados de ser nacionalistas? Podría decirse que, para los militares, falangistas y carlistas, ése –ser nacionalista– era el delito. Pero al ser juzgados por tribunales militares, debían probarse unas determinadas culpas, presentarse testigos, etc.
Las actas de los juicios militares contra el clero a partir del verano del 37 andan perdidas. No es el objeto de este texto contar la historia del extravío de estos expedientes, lo que nos llevaría lejos. Por desgracia, esas actas no están al alcance de la mano. Lo más parecido que tenemos son las relaciones que Antoniutti envió al Vaticano de los ochenta sacerdotes diocesanos y religiosos presos, a los que visitó en El Carmelo el 14 de agosto del 37. En esas historias le contaban sus peripecias durante la guerra, y también de qué eran acusados. Así podemos valorar las imputaciones y las penas impuestas.
Por ejemplo, Manuel Ortúzar Eguíluz, de 60 años. Este sacerdote era organista de la parroquia de Oyón. Ese mismo 14 de agosto del 37 había sido condenado a muerte. Los cargos fueron los de hacer propaganda política e impulsar la apertura del “batzoki” en Oyón (Álava); haber ostentado el cargo de Administrador del Hospital de Sangre de Algorta; haber negado la absolución a dos señoras. Para el tribunal, pasaban a ser políticos asuntos estrictamente canónicos como no dar la absolución.
Santos Arana Vergareche, de 38 años, fue condenado a pena de reclusión perpetua el 12 de agosto. Las imputaciones fueron: ser nacionalista exaltado; haber dicho: «Si vienen los militares se cerrarán todas las iglesias y el Seminario», que «Los militares son peores que los de la C.N.T», o que la Acción Católica iría mal, porque quedaría en manos de monárquicos; haber mantenido trato continuo con las emakumes; haber frecuentado los Departamentos del Gobierno Vasco y del PNV.
Félix Lahuerta, de 42 años, condenado a reclusión perpetua, por haberse despojado de la sotana en plaza pública y blasfemar por el bombardeo aéreo que destrozó su casa paterna (en Baracaldo); capellán voluntario en un batallón nacionalista; por haber arengado a los gudaris; haber asistido al matrimonio de un oficial de su batallón coaccionando la voluntad del párroco competente; haber explicado doctrinas nacionalistas desde el púlpito; haber llevado y usado armas en los frentes; haber insultado a los soldados del bando contrario desde los parapetos; haber reclutado voluntarios para los batallones nacionalistas; en fin, por «ser nacionalista furibundo y elemento peligrosísimo».
Modesto Arana Fúldain, 28 años. Condenado a 20 años de reclusión menor. Los cargos contra él: ser capellán con grado de teniente; enseñar instrucción militar a las milicias vascas; haber dado clases de vascuence a señoritas; haber abandonado su cargo de organista de la parroquia (de Trucios) y haberse vestido de seglar; y haber asistido a un banquete para festejar algún triunfo del Gobierno Vasco.
Castor Marañón Muguruza, de 43 años. Condenado a 6 años y un día por haber denunciado a dos derechistas; y por ser un propagandista nacionalista.
Al carmelita José María Perea Bernaola, de 74 años, le cayó un año de prisión. Su delito, predicar «en un sermón del amor que se debe tener a Euskadi para hacer de ella una grande y cristiana dentro de una España también grande y cristiana y de haber añadido que gracias al [Gobierno de] Euzkadi ha habido culto público y se ha podido decir la Santa Misa durante todo el año» .
Absuelto quedó Higinio Aguirregoicoa Derteano, 49 años. Se le imputó «Haber ido a votar a primeras horas de la mañana en compañía de D. Francisco Salazar, presbítero, el cual está reconocido como nacionalista».
Como se ve, las imputaciones eran una mezcla de cuestiones pastorales, sociológicas, políticas, etc., y procedían de denuncias de testigos de visu.
Pero lo más importante, me parece, es que estos juicios sumarísimos operaron desde un presupuesto jurídico incongruente: esclarecer si la conducta de esos clérigos encajaba en la imagen sobre la identidad sacerdotal que poseían los militares, más sensibles y cualificados (según parece) que las autoridades eclesiásticas para detectar quiénes habían llevado una conducta plenamente sacerdotal. Erigido en ortodoxia inapelable, el españolismo como criterio de verdad religiosa se demostró tan limitado y empobrecedor como la alternativa nacionalista derrotada, que operaba con el mismo parámetro identitario de religión y Patria, solo que ésta había de ser vasca y no española. Con la diferencia, además, de que el PNV no juzgó sumariamente ni castigó a los sacerdotes alejados de su ideario.
Esto nos lleva a la última cuestión de importancia a tratar, el número de los sacerdotes depurados o represaliados.

5. Estadísticas aún pendientes

En la relación más completa publicada hasta la fecha , se listan los nombres de 785 clérigos vascos represaliados, lista que incluye a Mateo Múgica, a los fusilados en el otoño del 36, etc. Es la relación más exhaustiva editada, con los nombres, y el tipo de depuración: multa, cambio de parroquia en la diócesis, cárcel, destierro, exilio. Como es sabido, el exilio fue una dolorosa opción escogida forzadamente por una parte del clero vasco (Antoniutti los cifró en 165 sacerdotes), que salió de Euskadi cuando la guerra empezó, o en su transcurso, y prefirió no volver temiendo represalias. Con todo, de esa relación de 785 clérigos excluyo a cinco personas, sobre los que los editores no suministran datos suficientemente contrastados .
Este elenco al que me refiero se ha construido desde un criterio ideológico o nacionalista: aparecen ahí sacerdotes incardinados en la diócesis de Navarra, igual que religiosos y seminaristas también navarros. En ese estudio, la identidad vasca integra igualmente a los navarros. A mi juicio, esta elección es una mezcla improcedente, que no atiende a la distinta realidad en la época del País Vasco y de Navarra. Y que, además, excluye arbitrariamente a los sacerdotes asesinados en la Guipuzcoa y Vizcaya republicana, como si ésos no hubiesen sufrido persecución. Como si, en definitiva, hubiese que distinguir en el clero entre unos muertos buenos y otros muertos malos. Una metodología historiográficamente discutible que distorsiona la realidad y empobrece los legítimos argumentos ideológicos de los autores.
El siguiente cuadro desglosa esta relación de 780 eclesiásticos, con las cifras globales de las diócesis de Vitoria y de Navarra que, como he dicho, figuran mezcladas en esta publicación.

Tabla 4
Cifras globales de los eclesiásticos depurados


Clero secular
Clero regular
Seminaristas (no ordenados)
Total

Diócesis de
Vitoria
527

193
16 736
Diócesis de Navarra
36

8
– 44

Total


780
Fuente: elaboración propia, a partir de Colectivo E. A. Talde (1978)

A partir de esos datos suministrados –que en modo alguno deben darse como definitivos a la espera de estudios fiables y fundados sobre fuentes archivísticas– cabe afirmar que la depuración alcanzó a una cuarta parte del clero secular de Vitoria, desde la multa a la muerte. De otra parte, la siguiente tabla muestra la depuración sufrida por las órdenes religiosas, tanto en Navarra como en el País Vasco.

Tabla 5
Depuración de las órdenes religiosas



Capuchinos

Jesuitas

Carmelitas

Pasionistas
Escuelas Cristianas

Escolapios

Otros

Total

País Vasco
42

33
30
28
21 8 31 193
Navarra
7

-
1
-
-
-
- 8
Fuente: elaboración propia, a partir de Colectivo E. A. Talde (1978)

Por último, la siguiente tabla muestra los porcentajes del clero depurado extraídos de las Guías diocesanas de Vitoria. Aunque, primero, hay que hacer algunas apreciaciones.
Cada Guía, en principio, recoge los datos existentes de cada sacerdote hasta el año anterior. Como se dijo, a la Guía de 1935 he añadido los sacerdotes ordenados y eliminado los fallecidos por causas naturales hasta el momento en que se produjo el golpe de estado de julio de 1936, para tener el dato preciso del número de sacerdotes de la diócesis. Igualmente, estas Guías ofrecen una serie de datos muy precisos, que aportan información relevante si se estudia en su conjunto. Por ejemplo, figuraba el encargo pastoral de cada sacerdote. Como se aprecia en la tabla, era rarísimo que tal dato no figurase en circunstancias normales, las de 1935: es decir, todos los sacerdotes tenían algún encargo pastoral. Esto cambia completamente desde la Guía de 1940, que es la siguiente en elaborarse, después de la guerra. Todos los sacerdotes que entonces no tenían algún encargo es porque, presumiblemente, habían sido sometidos a algún tipo de depuración. El porcentaje no es exacto para conocer el total de los depurados, pues durante los años 1936, 1937 ó 1938 algunos sacerdotes más pudieron haber sido castigados (y perder su cargo pastoral), pero haberlo recuperado ya en 1939.
La recuperación del número de sacerdotes previo a la guerra civil fue lenta. Es posible que se hubiese alcanzado en 1949, en el momento de la creación de las diócesis de san Sebastián y de Bilbao. En cualquier caso, del clero de Vitoria, un pequeño grupo (21 sobre 553) aún carecían de encargos pastorales en una fecha tan tardía como 1952.
Por último, en 1947 62 sacerdotes aparecían sin encargos. Pero esa Guía, respecto de la anterior, tiene en torno a 40 sacerdotes más repartidos entre América y diversas ciudades españolas, por lo que presumo que se trató de clérigos también represaliados, aunque sobre este particular (y sobre todos los demás relacionados con la depuración del clero) sólo la comprobación en los archivos diocesanos resolvería ésta y otras dudas.

Tabla 6
Depuración del clero diocesano de Vitoria


Nº de sacerdotes
Nº total (respecto a 1935)
Sin cargo
%

Guía 1935
2.028

1 –
Guía 1940
1.850

-178
240 13%

Guía 1943

1.892
-136
179 9.4%

Guía 1947

1.943
-85
62 [100] 5.1%

Guía 1953

553

21
3.8%
Fuente: elaboración propia, a partir de las Guías diocesanas de Vitoria


6. Conclusiones

Una cuarta parte del clero secular de Vitoria sufrió algún tipo de depuración, desde el asesinato hasta la multa. Son los dos extremos por los que transitaron más de quinientos clérigos diocesanos, desde su obispo hasta algunos seminaristas.
Podemos dar por buena esta cifra global, gracias –paradójicamente– a la hipersensibilidad de los sublevados para detectar y castigar cualquier atisbo de culpabilidad nacionalista (incluido, por supuesto, el tiempo republicano) y a su ferocidad para ajustar cuentas por vía de urgencia al nacionalismo eclesiástico vasco. Una cuarta parte del clero vasco fue declarado culpable, pero un análisis de los expedientes personales de los sacerdotes en los archivos eclesiásticos, civiles y militares involucrados, debería aquilatar mejor tanto esa cantidad como –sobre todo- la proporcionalidad (la desproporcionalidad podría también decirse) entre los cargos y las penas impuestas.
Con todo, la severidad militar no estuvo sola. Entre los eclesiásticos españoles de la época hubo una escasa simpatía hacia el clero vasco y sus tribulaciones. ¿Qué era eso de apoyar a un gobierno de Euskadi, aliado de una República que asesinaba, y que quemaba templos católicos? Que el arzobispo de Burgos sugiriese en una pastoral excomulgar a los nacionalistas vascos era una pretensión paralela a la de la Junta de Defensa Nacional, que gestionó sin éxito una condena pontificia al PNV. El destierro de los sacerdotes vascos a otras provincias fue una imposición militar, no una reclamación de las diócesis implicadas, algunas de las cuales necesitaban sacerdotes. Todo un cardenal como Segura fue tajante al juzgar los remedios que la situación reclamaba. Pero afortunadamente otro como Gomá tuvo una actuación más serena en ese punto, aunque el nacionalismo (y no sólo) le tuvo por una bestia negra. Igualmente, Lauzurica fue visto, y se mostró, como un pastor partidista, llegado con los que represaliban.
Por último, en aquellos frenéticos y convulsos meses, no debió ser fácil para el clero simpatizante o nacionalista vasco establecer la línea que separaba nítidamente la actividad pastoral de la conducta política o de la opción patriótica. Algunos, como Alberto de Onaindía, ni siquiera pensaron que hubiese una línea que dividía la actividad política y la pastoral: para defender Euskadi, todo valía. La guerra y la posterior represión contra los eclesiásticos hicieron añicos aquel viejo deseo de Mateo Múgica de alejar de la política a sus sacerdotes, tanto al cuarto nacionalista como a las tres cuartas partes que no lo eran. Así pues, cuando la guerra acabó en el País Vasco la paz entre el clero estaba muy lejos de ser una verdadera reconciliación. Y sin un clero reconciliado, predicar un perdón sincero para todos se convertía en un deseo muy difícil de realizar.